Aquí se van a describir las características más importantes de las figuras del desistimiento y la renuncia en un proceso de licitación pública. Sus diferencias y las principales consecuencias jurídicas que, para administración contratante y licitadores, tienen las mismas.

 

EL DESISTIMIENTO

 

El desistimiento del procedimiento de adjudicación consiste materialmente en la decisión de no adjudicar o formalizar el contrato que estuviera siendo licitado. El desistimiento de la licitación puede ser acordado por el órgano de contratación en cualquier momento anterior a la celebración del contrato y debe quedar publicado en el perfil del contratante.

 

Esta figura no es una prerrogativa de la Administración, se trata de una potestad reglada cuyo ejercicio requiere de la concurrencia, en el procedimiento administrativo de contratación, de una infracción no subsanable de las normas de preparación del expediente o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación.

 

Los acuerdos de desistimiento, que deben alcanzarse con anterioridad a la formalización del contrato, deben quedar justificados en el expediente administrativo y publicarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Estos acuerdos son susceptibles de recurso especial en materia de contratación, en los casos en los que proceda de acuerdo al artículo 44 de la Ley de Contratos del Sector Público, al resolver de forma definitiva el procedimiento y pueden conllevar la compensación a los licitadores participantes por los gastos en que pudieran haber incurrido.

 

LA RENUNCIA

 

La renuncia, que como en el caso del desistimiento conlleva la extinción del procedimiento de licitación, es un acto de contenido discrecional que, fundamentalmente, se produce por un cambio en la voluntad de la Administración de contratar la prestación. Este cambio en la voluntad, que debe estar motivado por razones de interés público, se basa sencillamente en la renuncia a la contratación que se perseguía a inicio del procedimiento administrativo de licitación por un desinterés sobrevenido por los frutos que se derivarían de la celebración del contrato.

 

Igual que en el caso del desistimiento, la renuncia ha de acordarse antes de la formalización del contrato que estuviera siendo licitado y también puede provocar un derecho de resarcimiento a favor de los licitadores por los gastos de preparación de la licitación en los que pudieran haber incurrido. Esta compensación puede estar prevista en el anuncio o los pliegos rectores de la licitación o, en su defecto, determinarse de acuerdo con los criterios de valoración empleados para el cálculo de la responsabilidad patrimonial de la Administración, a través de los trámites del procedimiento administrativo común.

 

DIFERENCIAS

 

Al margen de las causas que provocan el acuerdo de renuncia o desistimiento, que como se indicaba antes, son diferentes; las consecuencias de la adopción de uno u otro acuerdo también tienen matices importantes.

Así, y dado que la renuncia disfruta de ese carácter discrecional que apuntábamos, para evitar fraudes en los procedimientos de adjudicación, la Ley de Contratos del Sector Público impone la prohibición, al órgano de contratación, de promover una nueva licitación del objeto del contrato en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la renuncia.

El desistimiento, dado que sólo puede motivarse por la existencia de errores insubsanables en la preparación o desarrollo del procedimiento de adjudicación, no impide la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación con el mismo objeto.

 

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