Para todo contratista del sector público resulta evidente que la Administración Pública contratante disfruta de una serie de “privilegios” a la hora de gestionar los incidentes que, de modo habitual, surgen durante la ejecución de casi cualquier contrato administrativo.

Estos “privilegios” se conocen como prerrogativas de los órganos de contratación. Están definidas y acotadas en el régimen jurídico de aplicación y encuentran su fundamento en el hecho de que la actividad contratante de las administraciones responde, o debiera responder, a la correcta satisfacción del interés público. Así, las mencionadas prerrogativas, se enuncian en la Ley de Contratos del Sector Público del modo que sigue:

“Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.

 Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites establecidos en la presente Ley para cada tipo de contrato.”

A continuación, se enumeran y describen sintéticamente las diferentes prerrogativas:

 

  • Interpretación del Contrato y resolución de dudas

    Probablemente resulte evidente, pero las consecuencias son potencialmente trascendentales. La interpretación que realice el órgano de contratación, que puede no coincidir con la que hiciera el contratista, respecto de la literalidad de lo contenido en la documentación contractual, prevalecerá, determinando la ejecución del contrato.

 

  • Modificación del contrato

    Estamos ante la prerrogativa sujeta a una regulación jurídica más concisa. Fundamentalmente, se distingue entre dos circunstancias:

  • Modificaciones previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

    El importe acumulado queda limitado al 20% del precio inicial del contrato y la cláusula de modificación deberá estar formulada de forma clara, precisa e inequívoca y no conducir a una alteración de la naturaleza global del contrato inicial.

  • Modificaciones no previstas

    Sólo podrán acordarse cuando resulten de escasa entidad, si es necesario ampliar lo inicialmente contratado o cuando la causa para las mismas fuera sobrevenida e imprevisible en el momento de preparación de la contratación original. Estas modificaciones, ni aislada ni conjuntamente, podrán suponer una alteración que exceda de la cuantía del 50% del precio inicial del contrato y serán obligatorias para el contratista siempre que impliquen una cuantía que no exceda el 20% del precio inicial del contrato.

 

En ambos casos, toda modificación a practicar en los contratos administrativos será sólo factible durante la vigencia de los mismos, estará sujeta a un régimen de publicidad y deberá quedar formalizada en documento administrativo.

 

  • Suspensión del contrato

    La Administración puede dictar la suspensión de un contrato en ejecución, pero se levantará acta donde se describirán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución del mencionado contrato. La suspensión dictada obligará a la administración al resarcimiento de los daños y perjuicios provocados al contratista de acuerdo a unas limitaciones.

 

  • Resolución del contrato y efectos

    La resolución de un contrato en ejecución puede ser acordada por el órgano de contratación por múltiples causas, incumplimiento de la obligación principal del contrato, demora en su ejecución o impago de salarios, entre otras. Pero, además, será también el órgano de contratación quien dicte los efectos de la mencionada resolución, efectos que pueden suponer severos perjuicios para el contratista como la incautación de la garantía, la reclamación de daños o el dictado de una prohibición para contratar.

 

  • Inspección de actividades

    Esta capacidad, que es una novedad traída al régimen jurídico por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, supone la capacidad del órgano de contratación de inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que los contratistas desarrollen sus actividades, siempre que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto de los contratos administrativos.

 

CONCLUSIONES:

La asimetría, y a la vista de lo relatado en este artículo, es evidente nota característica de la contratación administrativa. Sin embargo, muchos de los mecanismos descritos aquí, potestades exorbitantes de la Administración en el ámbito de la contratación, se desarrollan imperativamente de acuerdo a procedimientos administrativos regulados, con posible oposición y audiencia al contratista, etc. Es, en esta vía administrativa y a través de estos procedimientos, que resulta recomendable iniciar el desarrollo profesional de nuestra defensa.

 

 

Imagen destacada – Kotakkanan – Vecteezy.com